Qué medidas implica la declaración de Emergencia en Seguridad Nacional
Entre otras cosas, se llevará a cabo "un fuerte control del espacio aéreo"; el objetivo es combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
En el marco de la declaración de Emergencia en Seguridad Pública, el Gobierno dispuso varias medidas, enfocadas en combatir el delito complejo y el crimen organizado.
En ese sentido, define como véctor hostil a todo "medio/s aéreo/s, tripulado/s o no tripulado/s que por sus características, en el marco de la situación y exigencias de la misión, implica/n una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación".
Las Reglas establecen que "una vez realizado el procedimiento de identificación y establecida la comunicación", se autoriza emitir una advertencia a la aeronave interceptada para que abandone el sector de defensa aeroespacial del terriotrio de la República Argentina, que adopte actitud que se ordene o directamente o directamente a compeler al aterrizaje.
Establecer un fuerte control del espacio aéreo: El Gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos.
La adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.
Autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria. "En ningún caso podrá reintegrarse al servicio personal retirado que haya sido condenado en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, que se encuentre procesado penalmente, o que haya pasado a retiro obligatorio por razones disciplinarias", aclara el decreto.
En el marco de la emergencia, determinan una actuación conjunta de las jurisdicciones locales y federal. Entre otras cosas, se establece que las provincias y la ciudad de Buenos Aires "enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al Ministerio de Seguridad, mientras que aquella información relativa a denuncias, investigaciones y hechos flagrantes vinculados al tráfico de estupefacientes" deberán ser enviadas al Registro ünico de Análisis de Narcotráfico (RUAN), creado por el ex Ministerio del Interior.
Crea el Gabinete de Seguridad Humana, que tendrá a su cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia.
El Ministerio de Seguridad propone al Poder Judicial celebrar un convenio "con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales, y además tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras".
Crea el "Operativo Fronteras", que reemplaza al "Escudo Norte" con carácter permanente, y dota de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, entre otros elementos, una radarización para el "eficiente control" fronterizo. En ese sentido, el decreto señala que el "Operativo Escudo Norte ha dado a la fecha los resultados esperados".
Dispone el levantamiento del Secreto Militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial "que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014".
En el marco de la declaración de Emergencia en Seguridad Pública, el Gobierno dispuso varias medidas, enfocadas en combatir el delito complejo y el crimen organizado.
Según detalla el decreto, estos delitos abarcan la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes previstos en la Ley N° 23.737; delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes previstos en la Ley N° 22.415; delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita; delitos de fraude contra la Administración Pública; prostitución de menores y pornografía infantil; financiación del terrorismo; extorsión y trata de personas, entre otros.
Algunas de las medidas que establece el decreto son:
La aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA. Estas reglas podrán utilizarse en todo "el sector de defensa aeroespacial del terriotrio de la República Argentina. Las medidas comprendidas están "orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino".En ese sentido, define como véctor hostil a todo "medio/s aéreo/s, tripulado/s o no tripulado/s que por sus características, en el marco de la situación y exigencias de la misión, implica/n una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación".
Las Reglas establecen que "una vez realizado el procedimiento de identificación y establecida la comunicación", se autoriza emitir una advertencia a la aeronave interceptada para que abandone el sector de defensa aeroespacial del terriotrio de la República Argentina, que adopte actitud que se ordene o directamente o directamente a compeler al aterrizaje.
Establecer un fuerte control del espacio aéreo: El Gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos.
La adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.
Autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria. "En ningún caso podrá reintegrarse al servicio personal retirado que haya sido condenado en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, que se encuentre procesado penalmente, o que haya pasado a retiro obligatorio por razones disciplinarias", aclara el decreto.
En el marco de la emergencia, determinan una actuación conjunta de las jurisdicciones locales y federal. Entre otras cosas, se establece que las provincias y la ciudad de Buenos Aires "enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al Ministerio de Seguridad, mientras que aquella información relativa a denuncias, investigaciones y hechos flagrantes vinculados al tráfico de estupefacientes" deberán ser enviadas al Registro ünico de Análisis de Narcotráfico (RUAN), creado por el ex Ministerio del Interior.
Crea el Gabinete de Seguridad Humana, que tendrá a su cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia.
El Ministerio de Seguridad propone al Poder Judicial celebrar un convenio "con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales, y además tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras".
Crea el "Operativo Fronteras", que reemplaza al "Escudo Norte" con carácter permanente, y dota de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, entre otros elementos, una radarización para el "eficiente control" fronterizo. En ese sentido, el decreto señala que el "Operativo Escudo Norte ha dado a la fecha los resultados esperados".
Dispone el levantamiento del Secreto Militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial "que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014".
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