Desde 2013, se fugó un preso por día de las cárceles bonaerenses
Según datos oficiales, escaparon 1198 reclusos; 27 de ellos eran delincuentes muy peligrosos, como Schillaci y los hermanos Lanatta.
PLATA.- La escandalosa fuga de Víctor Schillaci y los hermanos Martín y Cristian Lanatta del penal de General Alvear dejó al descubierto una realidad alarmante: en los últimos tres años se fugaron 1198 presos de alcaidías y cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Es decir que cada día un preso eludió los controles penitenciarios en la provincia de Buenos Aires.
Estos datos oficiales Fueron revelados a LA NACION por el gobierno de María Eugenia Vidal. "Heredamos un sistema penitenciario quebrado. Si bien hay fugas, lo cierto es que no son todas tan impresionantes como la que ocurrió con Schillaci y los hermanos Lanatta. Técnicamente, se las pueden dividir en fugas que ocurren dentro del penal y en evasiones que suceden extramuros, cuando un recluso quiebra la confianza otorgada por un beneficio judicial", dijo un colaborador del ministro de Justicia, Carlos Mahiques. Las cárceles bonaerenses tiene 32.507 presos y 19.400 uniformados encargados de la custodia.
PLATA.- La escandalosa fuga de Víctor Schillaci y los hermanos Martín y Cristian Lanatta del penal de General Alvear dejó al descubierto una realidad alarmante: en los últimos tres años se fugaron 1198 presos de alcaidías y cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Es decir que cada día un preso eludió los controles penitenciarios en la provincia de Buenos Aires.
Estos datos oficiales Fueron revelados a LA NACION por el gobierno de María Eugenia Vidal. "Heredamos un sistema penitenciario quebrado. Si bien hay fugas, lo cierto es que no son todas tan impresionantes como la que ocurrió con Schillaci y los hermanos Lanatta. Técnicamente, se las pueden dividir en fugas que ocurren dentro del penal y en evasiones que suceden extramuros, cuando un recluso quiebra la confianza otorgada por un beneficio judicial", dijo un colaborador del ministro de Justicia, Carlos Mahiques. Las cárceles bonaerenses tiene 32.507 presos y 19.400 uniformados encargados de la custodia.
Del total de los detenidos que se escaparon desde 2013, 27 correspondieron a fugas de delincuentes muy peligrosos alojados en penales de alta seguridad; 366 fueron fugitivos que huyeron de cárceles que tienen régimen semiabierto y 805 fueron presos que, teniendo algún beneficio (como las salidas transitorias), aprovecharon la oportunidad para escapar.
Según la fuente oficial, en la provincia hay sobrepoblación carcelaria. "Muchas unidades penales están en muy mal estado y los presos están hacinados", dijo el informante de la cartera de Justicia.
La estructura carcelaria bonaerense tiene 52 unidades penales, tres alcaidías penitenciarias y seis alcaidías departamentales. En esas cárceles están alojadas hoy 32.507 personas, de las cuales 1367 son mujeres y 31.140 son hombres. El Servicio Penitenciario cuenta con 19.422 hombres encargados de mantener la seguridad en estos recintos: de éstos, 6407 son oficiales y 13.015 son suboficiales.
Pero pese a que la ecuación entre internos y penitenciarios da un resultado de que cada dos presos hay un agente dedicado a su custodia y la seguridad del lugar, las fugas se repiten una y otra vez en las cárceles bonaerenses.
Por ejemplo, en junio del año pasado, un preso se escapó de la Unidad Penal N° 4 de Villa Floresta, en Bahía Blanca, haciéndose pasar por un abogado. El fugitivo, líder de una banda de piratas del asfalto, se vistió de traje y corbata y aprovechó el cambio de guardia para huir.
Pocos días después, dos presos alojados en la Unidad N° 1 de Olmos escalaron el muro perimetral de seis metros y, ante la mirada de otros internos que los aplaudían, saltaron a la calle. Allí, los aguardaba un Volkwsagen Bora negro que era conducido por una mujer. Se fugaron y las autoridades no pudieron dar una explicación racional de cómo los agentes penitenciarios no los habían visto cuando trepaban el cerco.
En Azul, un recluso condenado a 22 años de prisión por el asesinato del abogado Marcos Alonso, que conmovió a toda la ciudad de Olavarría por la crueldad del caso, se fugó cuando era trasladado para a visitar a su hija en Tandil. El delincuente tiene un frondoso prontuario criminal y ya se había fugado en 2004 de la Unidad N° 27 de Sierra Chica. En esta oportunidad aprovechó el descuido de los penitenciarios para emprender la fuga.
Este panorama en que se encuentra el SPB, sumado al temor de posibles nuevas fugas, desencadenado por el gran escape de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez, generó que la administración de Vidal firmara un acuerdo con el gobierno nacional para trasladar a cárceles federales a por lo menos diez presos peligrosos que tienen estrechos vínculos con el mundo del narcotráfico.
El tema de las fugas de reclusos de las cárceles no es exclusivo de la provincia de Buenos Aires. De hecho, ayer el presidente Mauricio Macri se comprometió a buscar "uno por uno" a los más de 1000 prófugos que tiene hoy la justicia argentina. Para ello, anunció que se creará una fuerza especial que estará bajo el ala de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (ver aparte).
Si bien fuentes oficiales de la provincia de Buenos Aires dijeron que por ahora se mantendrán en reserva las identidades de estos reclusos narcos para evitar que presenten hábeas corpus o alguna otra medida judicial que frene los traslados, trascendió que algunos de esos presos podrían ser integrantes de la banda de Los Monos, de Rosario, dedicada al tráfico de estupefacientes.
Purgas y gastos
El presupuesto para alojar a los delincuentes y mantener la seguridad de las cárceles no es para nada despreciable. Cada preso le cuesta al estado provincial $ 18.240 por mes; es decir, en cada uno de los detenidos se gasta poco más de cuatro jubilaciones mínimas.
Pero con el decreto que declara la emergencia en el SPB, el gobierno de Vidal podrá contar con más fondos para este sector de la fuerza. Podrá hacer contrataciones directas sin llamado a licitación, reasignar personal de seguridad y agilizar trámites y convenios. La emergencia, además, permite desplazar con mayor facilidad al personal cuando hay sospechas sobre su desempeño.
En un principio, Vidal había enviado a la Legislatura un proyecto de ley de emergencia penitenciaria, pero la última sesión del año no se pudo tratar y la mandataria decidió instalarla por decreto, apurada por la triple fuga. Y enseguida hizo públicas sus sospechas sobre una eventual "complicidad de parte del Servicio Penitenciario" en el escape de los condenados a prisión perpetua por el triple crimen. Por eso intervino el penal de General Alvear y removió a la plana mayor del SPB.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó el decreto y aseguró que este tipo de iniciativas no han resuelto los problemas que hace años afectan a ese sector, y pidió una reforma estructural que proteja los derechos de las personas privadas de su libertad.
Fuentes del Ministerio de Justicia bonaerense aseguraron que hay una serie de medidas para mejorar el SPB, entre las que se encuentran: comprar más móviles para trasladar en forma segura a los presos, instalar nuevos sistemas electrónicos de seguridad, terminar el relevamiento para saber cuántos agentes del servicio están con licencia y fortalecer la Dirección de Asuntos Internos.
"Nosotros queremos dar importancia a esta oficina. Si bien la creó [Ricardo] Casal, fue un área sin recursos que contaba con apenas diez abogados y que funcionaba en la torre dos, lejos de los problemas del sistema. Por esos queremos que tengan protagonismo, para que actúen en casos de irregularidades", dijo un colaborador de Mahiques.
Consultado por LA NACION, el ex ministro Casal minimizó el tema de las fugas y defendió su gestión. "Nosotros dejamos un servicio bastante ordenado: se creó la unidad de asuntos internos conducida por civiles e integrantes de la fuerza, se firmaron convenios con cinco facultades para que estudien los presos, hay otras once universidades donde se forman los agentes del servicio y hemos ampliado de 200 a 1000 los presos que están controlados con pulseras electrónicas", dijo.
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