Buscan crear por ley 'zonas de exclusión' para combatir a los motochorros en la provincia de Buenos Aires
El oficialismo en la provincia de Buenos Aires espera tratar este lunes en la Legislatura un proyecto de ley que propone crear, en consenso con los 135 municipios "zonas de exclusión" para combatir a los motochorros. El concepto es evitar su circulación en determinadas zonas y horarios o que lo hagan con acompañante.
La iniciativa es impulsada en la Cámara de Diputados bonaerense por los legisladores Carolina Píparo (que se volcó a la arena política luego de haber sufrido una salidera bancaria en la que fue baleada y perdió a su hijo a punto de nacer) y Matías Ranzini, presidente de la Comisión de Seguridad y cercano al ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo. El borrador del proyecto fue presentado en abril pasado.
En junio de 2017, la Legislatura porteña aprobó una reforma legal similar contra los "motochorros". Se estableció el uso obligatorio de chalecos reflectantes con la patente impresa y se le otorgó la facultad al Poder Ejecutivo de la ciudad para fijar zonas y horarios de restricción de la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta. La provincia de Buenos Aires intenta ahora seguir ese mismo camino.
El proyecto establece que la provincia y cada municipio "deben ponerse de acuerdo para definir la zona de exclusión de acuerdo al índice de este tipo de delito", es decir, de los robos a manos de ladrones que circulan en moto. Los principales puntos son:
El acompañante deberá llevar chaleco con identificación refractaria y ambos tripulantes deberán usar casco con la identificación del registro dominal de la moto. En la zona de exclusión se puede prohibir la circulación con acompañante.
Para no afectar la autonomía municipal, cada municipio tendrá un plazo de hasta 45 días para enviar al Ministerio de Seguridad el diseño geográfico y los horarios en los que será obligatorio el uso de chalecos y casco reglamentarios. En caso de no hacerlo será el Poder Ejecutivo provincial quien determine esas zonas y horarios.
El gobierno provincial y los municipios deberán promover la costumbre del uso del chaleco y casco reglamentario y exigir que el expendio de combustible se realice solo a quienes cumplan con la ley.
Si la policía detecta una infracción, automáticamente retendrá la moto. El propietario tendrá tiene un máximo de 180 días de corridos para retirarla; de lo contrario, el vehículo será compactado o donado.
"Nos concentramos en desarrollar un proyecto que contemple las particularidades de una provincia tan extensa y diversa, por eso cada municipio deberá elevar al Ministerio de Seguridad cuáles son los perímetros geográficos y franjas horarias donde el uso de chaleco y los cascos son obligatorios. No es lo mismo la zona bancaria de Lanús en hora pico, o algún barrio con una alta tasa de esta modalidad en San Martín, que la totalidad del partido de General Guido. La ley es una herramienta más para darle una respuesta a la gente que nos pide frenar a los motochorros", dijo Ranzini.
Por su parte, la diputada Píparo (Cambiemos), agregó: "Es una ley coyuntural para combatir el flagelo de robos y asesinatos llevados a cabo por criminales, que nada tienen que ver con quiénes disfrutan o usan las motos para trabajar o disfrutar. Queremos proveer un elemento más que nos sirva para protección y combate de la inseguridad".
"La ley aborda directamente una problemática compleja y tiene en cuenta las distintas realidades de la provincia; promueve el trabajo en conjunto entre el Ministerio y los municipios otorgándole a estos, un rol clave como conocedores del territorio. La aplicación de la ley traerá resultados favorables", sostuvo Emiliano Álvarez Porte, secretario de Seguridad de Bahía Blanca.
Y Diego Kravetz, secretario de Seguridad de Lanús, concluyó: "El proyecto es prioritario para la provincia y el municipio. Estamos articulando con la provincia todas las herramientas que tenemos para combatir el delito en moto que es uno de los principales flagelos"
En junio de 2017, la Legislatura porteña aprobó una reforma legal similar contra los "motochorros". Se estableció el uso obligatorio de chalecos reflectantes con la patente impresa y se le otorgó la facultad al Poder Ejecutivo de la ciudad para fijar zonas y horarios de restricción de la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta. La provincia de Buenos Aires intenta ahora seguir ese mismo camino.
El proyecto establece que la provincia y cada municipio "deben ponerse de acuerdo para definir la zona de exclusión de acuerdo al índice de este tipo de delito", es decir, de los robos a manos de ladrones que circulan en moto. Los principales puntos son:
El acompañante deberá llevar chaleco con identificación refractaria y ambos tripulantes deberán usar casco con la identificación del registro dominal de la moto. En la zona de exclusión se puede prohibir la circulación con acompañante.
Para no afectar la autonomía municipal, cada municipio tendrá un plazo de hasta 45 días para enviar al Ministerio de Seguridad el diseño geográfico y los horarios en los que será obligatorio el uso de chalecos y casco reglamentarios. En caso de no hacerlo será el Poder Ejecutivo provincial quien determine esas zonas y horarios.
El gobierno provincial y los municipios deberán promover la costumbre del uso del chaleco y casco reglamentario y exigir que el expendio de combustible se realice solo a quienes cumplan con la ley.
Si la policía detecta una infracción, automáticamente retendrá la moto. El propietario tendrá tiene un máximo de 180 días de corridos para retirarla; de lo contrario, el vehículo será compactado o donado.
"Nos concentramos en desarrollar un proyecto que contemple las particularidades de una provincia tan extensa y diversa, por eso cada municipio deberá elevar al Ministerio de Seguridad cuáles son los perímetros geográficos y franjas horarias donde el uso de chaleco y los cascos son obligatorios. No es lo mismo la zona bancaria de Lanús en hora pico, o algún barrio con una alta tasa de esta modalidad en San Martín, que la totalidad del partido de General Guido. La ley es una herramienta más para darle una respuesta a la gente que nos pide frenar a los motochorros", dijo Ranzini.
Por su parte, la diputada Píparo (Cambiemos), agregó: "Es una ley coyuntural para combatir el flagelo de robos y asesinatos llevados a cabo por criminales, que nada tienen que ver con quiénes disfrutan o usan las motos para trabajar o disfrutar. Queremos proveer un elemento más que nos sirva para protección y combate de la inseguridad".
"La ley aborda directamente una problemática compleja y tiene en cuenta las distintas realidades de la provincia; promueve el trabajo en conjunto entre el Ministerio y los municipios otorgándole a estos, un rol clave como conocedores del territorio. La aplicación de la ley traerá resultados favorables", sostuvo Emiliano Álvarez Porte, secretario de Seguridad de Bahía Blanca.
Y Diego Kravetz, secretario de Seguridad de Lanús, concluyó: "El proyecto es prioritario para la provincia y el municipio. Estamos articulando con la provincia todas las herramientas que tenemos para combatir el delito en moto que es uno de los principales flagelos"
Fuente: La Nación
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