Propuesta del Ministerio de seguridad Nacional para recuperar territorios tomados por el narcotráfico
El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 1, Jorge Di Lello, junto a su equipo de trabajo encabezado por Javier D´Elio, elaboró un documento titulado “Pautas básicas a tener en consideración para la realización de un abordaje integral en barrios vulnerables”, una suerte de protocolo de actuación en villas donde el delito organizado suple la labor que le corresponde al Estado.
El documento recopila el espíritu de la intervención que se lleva adelante en la villa 31 y 31 bis en el marco de la investigación que determinó la existencia de una organización narco criminal, conocida como “Los Sampedranos”, que se arrogó el dominio del territorio, y que motivó la búsqueda de formas de procedimiento innovadoras de lucha contra el crimen organizado, que no sólo se ocupe de los efectos del delito y su represión penal, sino que atienda sus causas, ayude a reparar sus efectos y, fundamentalmente, garantice que una vez finalizada la incursión judicial, la conductas ilícitas no se reproduzcan.
En este sentido, se entendió que debían recuperarse los territorios “tomados” por el narcotráfico para transformarlos en espacios Estatales para uso y goce de la comunidad con objetivo final de integrar socialmente a los vecinos y transformar la Villa en un Barrio más de la ciudad.
La articulación con otras Autoridades de la República, generó que se creara en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación el Programa “Barrios Seguros” con miras a consolidar el bienestar general integral y la seguridad en los territorios identificados como prioritarios por sus altos niveles de conflictividad social, mediante la prevención del delito, el combate de la criminalidad organizada y la lucha contra el narcotráfico, todo ello en el marco de un respeto irrestricto a los valores democráticos y al Estado derecho.
En esa línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó al Consejo de Seguridad Interior –integrado por los titulares de las carteras provinciales y las cúpulas de las fuerzas federales- una propuesta para replicar la experiencia del abordaje diagramado por Di Lello y el Juez Federal Ariel Lijo, con la participación de distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal y Ministerios de Nación y Provincia que por las problemáticas advertidas, debieran intervenir.
Algunas de las pautas
1) Lo principal es entender que la ausencia del Estado en tales territorios, tanto en su faz de control, como de asistencia y seguridad, brindan un campo fértil para la proliferación de actividades delictivas, donde las organizaciones criminales se convierten en el Estado.
2) El abordaje integral en barrios de emergencia, debe tener como antecedente un diagnóstico lo más preciso que resulte posible sobre la situación que impera en el interior del mismo.
Esto es fundamental tanto para evitar que el intento de solucionar problemas termine generando más, como para conocer que será posible, útil y necesario, recuperar territorios utilizados por organizaciones criminales para el logro de sus ilícitos fines, de forma tal de hacer cesar los efectos del delito y evitar que se reproduzcan, condición imprescindible de la presencia permanente del estado
3) Previo a la realización del procedimiento, debe coordinarse con las diferentes autoridades gubernamentales la prestación de servicios esenciales que la coyuntura permita (salubridad, educación, seguridad, etc.).
La previsión es indispensable para delinear un plan que permita que tales servicios sean provistos con la mayor premura posible. La recuperación de espacios públicos es fundamental para dar una clara señal a la población respecto de la decisión política adoptada.
Es un objetivo primordial lograr la participación y obtener el compromiso de los vecinos, creando canales de comunicación con la comunidad.
4) El procedimiento penal que permitirá el desembarco estatal, debe ser el producto de una investigación completa que brinde semiplena certeza sobre la desarticulación esencial de la organización y/o organizaciones delictivas que despliegan su accionar en el territorio.
Finalmente destaca que “…la meta final es la integración de la villa o barrio de emergencia y de sus habitantes al resto de la ciudad o el municipio de que se trate…”, y explica que “…el éxito […] dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos[…] fundamentalmente de la permanencia en el territorio y el alcance de las metas propuestas luego de realizado el procedimiento judicial…”
En este sentido, se entendió que debían recuperarse los territorios “tomados” por el narcotráfico para transformarlos en espacios Estatales para uso y goce de la comunidad con objetivo final de integrar socialmente a los vecinos y transformar la Villa en un Barrio más de la ciudad.
La articulación con otras Autoridades de la República, generó que se creara en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación el Programa “Barrios Seguros” con miras a consolidar el bienestar general integral y la seguridad en los territorios identificados como prioritarios por sus altos niveles de conflictividad social, mediante la prevención del delito, el combate de la criminalidad organizada y la lucha contra el narcotráfico, todo ello en el marco de un respeto irrestricto a los valores democráticos y al Estado derecho.
En esa línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó al Consejo de Seguridad Interior –integrado por los titulares de las carteras provinciales y las cúpulas de las fuerzas federales- una propuesta para replicar la experiencia del abordaje diagramado por Di Lello y el Juez Federal Ariel Lijo, con la participación de distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal y Ministerios de Nación y Provincia que por las problemáticas advertidas, debieran intervenir.
Algunas de las pautas
1) Lo principal es entender que la ausencia del Estado en tales territorios, tanto en su faz de control, como de asistencia y seguridad, brindan un campo fértil para la proliferación de actividades delictivas, donde las organizaciones criminales se convierten en el Estado.
2) El abordaje integral en barrios de emergencia, debe tener como antecedente un diagnóstico lo más preciso que resulte posible sobre la situación que impera en el interior del mismo.
Esto es fundamental tanto para evitar que el intento de solucionar problemas termine generando más, como para conocer que será posible, útil y necesario, recuperar territorios utilizados por organizaciones criminales para el logro de sus ilícitos fines, de forma tal de hacer cesar los efectos del delito y evitar que se reproduzcan, condición imprescindible de la presencia permanente del estado
3) Previo a la realización del procedimiento, debe coordinarse con las diferentes autoridades gubernamentales la prestación de servicios esenciales que la coyuntura permita (salubridad, educación, seguridad, etc.).
La previsión es indispensable para delinear un plan que permita que tales servicios sean provistos con la mayor premura posible. La recuperación de espacios públicos es fundamental para dar una clara señal a la población respecto de la decisión política adoptada.
Es un objetivo primordial lograr la participación y obtener el compromiso de los vecinos, creando canales de comunicación con la comunidad.
4) El procedimiento penal que permitirá el desembarco estatal, debe ser el producto de una investigación completa que brinde semiplena certeza sobre la desarticulación esencial de la organización y/o organizaciones delictivas que despliegan su accionar en el territorio.
Finalmente destaca que “…la meta final es la integración de la villa o barrio de emergencia y de sus habitantes al resto de la ciudad o el municipio de que se trate…”, y explica que “…el éxito […] dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos[…] fundamentalmente de la permanencia en el territorio y el alcance de las metas propuestas luego de realizado el procedimiento judicial…”
Fuente: Online911
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