Tras los pasos del dinero: la Justicia sale a buscar el botín de los secuestros virtuales
Un fiscal pidió la declaración indagatoria por lavado de dinero de ocho integrantes de una banda de secuestradores virtuales. Mientras los investigaban, se fueron de viaje a Punta Cana.
El dinero es el objetivo. El dinero es el botín. El dinero es el ahorro perdido por la víctima de un engaño. Sin embargo, paradójicamente, el dinero pocas veces termina siendo el blanco central de la Justicia. Uno de los “negocios” ilegales más lucrativos de los últimos años para las bandas, el de los secuestros virtuales, derivó en decenas de causas penales y decomisos de todo tipo. Pero ningún proceso por lavado de activos logró salir adelante. Al menos, hasta ahora.
De acuerdo a dos dictámenes a los que accedió Clarín, esto podría cambiar en las próximas semanas: basándose en un estudio patrimonial realizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), hace pocos días el fiscal federal Juan Pedro Zoni le pidió al juez Marcelo Martinez de Giorgi que cite a declaración indagatoria por lavado de dinero a ocho integrantes de una banda de secuestradores vituales, integrada por miembros de al menos tres clanes gitanos emparentados entre sí.
Los acusados fueron procesados en su momento por las estafas por la Justicia de Instrucción, luego de que el fiscal Joaquín Rovira lograra vincularlos con una serie de casos ocurridos en Capital Federal.
Los investigadores aún recuerdan a la banda porque sus integrantes habían hecho un viaje a Punta Cana (República Dominicana) en plena investigación y con el dinero obtenido por los secuestros virtuales. “Viajaron unos 12 miembros de la misma familia”, sintetizaron los voceros.
“Abuelo, tengo un problema grave. Me tenés que dar una mano, ya te van a explicar”, le dijo por teléfono una chica llorando a un jubilado, vecino del barrio porteño de Barracas, que al escucharla se convenció de que hablaba con su nieta. El hombre entregó 10.000 dólares (en dos tandas) y dos mil pesos antes de poder chequear que lo habían engañado con el método de “la llorona”: una voz femenina que, entre sollozos, le hace creer a quien atienda que es familiar suyo y que la tienen secuestrada.
Aquello ocurrió en la madrugada del 5 de octubre de 2014. Pocos días después, el 12 de octubre, otra vecina de Barracas atendió su teléfono a las 5.52 de la mañana. “Má, estoy en peligro, ayudame por favor”, fue el ruego que escuchó la mujer y que terminó con el pago de un “rescate” de 800 dólares y 10.000 pesos.
Esta causa está actualmente en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N° 17. Fue caratulada como “estafa”, un delito excarcelable, con una pena máxima de seis años de cárcel. En los Tribunales se suele usar esta figura penal, o la de “extorsión” (con una pena mayor: de 5 a 10 años de prisión) para encuadrar los secuestros virtuales, ya que no pueden considerarse secuestros extorsivos propiamente dichos porque nadie es privado de su libertad.
En el caso de esta investigación del fiscal Rovira, los bienes obtenidos por la banda (principalmente, autos de media y alta gama) y los reportes de operaciones sospechosas generaron que se extrajeran testimonios y se enviaran al fuero federal para seguir indagando en el patrimonio de los involucrados. Tal vez se convierta en el primer antecedente de una investigación por lavado contra secuestradores virtuales.
Un primer intento para ahondar sobre los bienes de estas bandas lo había hecho el fiscal federal Federico Delgado, quien llevó adelante una investigación contra una de las bandas más importantes de la modalidad, también integrada por clanes gitanos, y con un personaje de altísimo perfil dentro de esta comunidad, conocido como
La causa de Delgado comenzó en el fuero federal porque se pensó que se trataba de un secuestro extorsivo clásico. El 29 de junio de 2014 a las 5 de la mañana llamaron a una joven y le dijeron que habían secuestrado a su hermano y que sabían que tenía 80.000 dólares en su casa. Finalmente a las 9.40 apareció el hermano. Estaba bien, no le había pasado nada.
Los investigadores siguieron la pista de las comunicaciones y consiguieron determinar que otras personas habían recibido llamadas de “lloronas” en la misma zona. La causa llevó a realizar una decena de allanamientos en los que se secuestraron 54 vehículos de alta gama, muchos de los cuales eran exhibidos por los miembros de la banda -principalmente, por “Milanco”- en las redes sociales.
Originalmente la causa estaba a cargo del juez federal Luis Rodríguez, pero a fines de 2015 éste se la pasó al juzgado federal N° 5, que entonces estaba a cargo de Norberto Oyarbide. Lo hizo por “compensación”, un sistema por el cual un juzgado le pasa a otro varias causas chicas a cambio de una grande. Rodríguez le pasó ésta y cinco más a su colega.
Tras este movimiento interno, las indagatorias por lavado de activos contra 38 personas (12 de ellas, mujeres) pedidas por Delgado primero se estancaron y, muy recientemente, el pasado 17 de mayo, quedaron al borde de la nada: la causa fue enviada desde el juzgado federal 5 al fuero de Instrucción “por incompetencia”. Así la investigación abierta a “Milanco” y compañía quedó en coma.
No ocurrió lo mismo con una causa “espejo” en contra de “Milanco” iniciada en 2015 por el fiscal de San Fernando Alejandro Musso. En este expediente, él y otras cuatro personas quedaron procesadas por asociación ilícita y 50 secuestros virtuales. Todos están esperando el juicio oral. Todos siguen presos. Durante los allanamientos en los que cayeron, el 16 de julio de 2015 se les secuestraron 40 autos de alta gama valuados en más de 25 millones de pesos. Apenas la fortuna visible de un negocio millonario.
El dinero es el objetivo. El dinero es el botín. El dinero es el ahorro perdido por la víctima de un engaño. Sin embargo, paradójicamente, el dinero pocas veces termina siendo el blanco central de la Justicia. Uno de los “negocios” ilegales más lucrativos de los últimos años para las bandas, el de los secuestros virtuales, derivó en decenas de causas penales y decomisos de todo tipo. Pero ningún proceso por lavado de activos logró salir adelante. Al menos, hasta ahora.
De acuerdo a dos dictámenes a los que accedió Clarín, esto podría cambiar en las próximas semanas: basándose en un estudio patrimonial realizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), hace pocos días el fiscal federal Juan Pedro Zoni le pidió al juez Marcelo Martinez de Giorgi que cite a declaración indagatoria por lavado de dinero a ocho integrantes de una banda de secuestradores vituales, integrada por miembros de al menos tres clanes gitanos emparentados entre sí.
Los acusados fueron procesados en su momento por las estafas por la Justicia de Instrucción, luego de que el fiscal Joaquín Rovira lograra vincularlos con una serie de casos ocurridos en Capital Federal.
Los investigadores aún recuerdan a la banda porque sus integrantes habían hecho un viaje a Punta Cana (República Dominicana) en plena investigación y con el dinero obtenido por los secuestros virtuales. “Viajaron unos 12 miembros de la misma familia”, sintetizaron los voceros.
“Abuelo, tengo un problema grave. Me tenés que dar una mano, ya te van a explicar”, le dijo por teléfono una chica llorando a un jubilado, vecino del barrio porteño de Barracas, que al escucharla se convenció de que hablaba con su nieta. El hombre entregó 10.000 dólares (en dos tandas) y dos mil pesos antes de poder chequear que lo habían engañado con el método de “la llorona”: una voz femenina que, entre sollozos, le hace creer a quien atienda que es familiar suyo y que la tienen secuestrada.
Aquello ocurrió en la madrugada del 5 de octubre de 2014. Pocos días después, el 12 de octubre, otra vecina de Barracas atendió su teléfono a las 5.52 de la mañana. “Má, estoy en peligro, ayudame por favor”, fue el ruego que escuchó la mujer y que terminó con el pago de un “rescate” de 800 dólares y 10.000 pesos.
Esta causa está actualmente en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N° 17. Fue caratulada como “estafa”, un delito excarcelable, con una pena máxima de seis años de cárcel. En los Tribunales se suele usar esta figura penal, o la de “extorsión” (con una pena mayor: de 5 a 10 años de prisión) para encuadrar los secuestros virtuales, ya que no pueden considerarse secuestros extorsivos propiamente dichos porque nadie es privado de su libertad.
En el caso de esta investigación del fiscal Rovira, los bienes obtenidos por la banda (principalmente, autos de media y alta gama) y los reportes de operaciones sospechosas generaron que se extrajeran testimonios y se enviaran al fuero federal para seguir indagando en el patrimonio de los involucrados. Tal vez se convierta en el primer antecedente de una investigación por lavado contra secuestradores virtuales.
Un primer intento para ahondar sobre los bienes de estas bandas lo había hecho el fiscal federal Federico Delgado, quien llevó adelante una investigación contra una de las bandas más importantes de la modalidad, también integrada por clanes gitanos, y con un personaje de altísimo perfil dentro de esta comunidad, conocido como
La causa de Delgado comenzó en el fuero federal porque se pensó que se trataba de un secuestro extorsivo clásico. El 29 de junio de 2014 a las 5 de la mañana llamaron a una joven y le dijeron que habían secuestrado a su hermano y que sabían que tenía 80.000 dólares en su casa. Finalmente a las 9.40 apareció el hermano. Estaba bien, no le había pasado nada.
Los investigadores siguieron la pista de las comunicaciones y consiguieron determinar que otras personas habían recibido llamadas de “lloronas” en la misma zona. La causa llevó a realizar una decena de allanamientos en los que se secuestraron 54 vehículos de alta gama, muchos de los cuales eran exhibidos por los miembros de la banda -principalmente, por “Milanco”- en las redes sociales.
Originalmente la causa estaba a cargo del juez federal Luis Rodríguez, pero a fines de 2015 éste se la pasó al juzgado federal N° 5, que entonces estaba a cargo de Norberto Oyarbide. Lo hizo por “compensación”, un sistema por el cual un juzgado le pasa a otro varias causas chicas a cambio de una grande. Rodríguez le pasó ésta y cinco más a su colega.
Tras este movimiento interno, las indagatorias por lavado de activos contra 38 personas (12 de ellas, mujeres) pedidas por Delgado primero se estancaron y, muy recientemente, el pasado 17 de mayo, quedaron al borde de la nada: la causa fue enviada desde el juzgado federal 5 al fuero de Instrucción “por incompetencia”. Así la investigación abierta a “Milanco” y compañía quedó en coma.
No ocurrió lo mismo con una causa “espejo” en contra de “Milanco” iniciada en 2015 por el fiscal de San Fernando Alejandro Musso. En este expediente, él y otras cuatro personas quedaron procesadas por asociación ilícita y 50 secuestros virtuales. Todos están esperando el juicio oral. Todos siguen presos. Durante los allanamientos en los que cayeron, el 16 de julio de 2015 se les secuestraron 40 autos de alta gama valuados en más de 25 millones de pesos. Apenas la fortuna visible de un negocio millonario.
Fuente: Clarín
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